El PNV exige al Gobierno que deje de “obstaculizar” la entrada de Sidenor en Talgo

El PNV achacó ayer el retraso de casi cuatro meses que acumula el cierre de la toma de Talgo por un consorcio vasco de inversores liderado por Sidenor a las “dificultades” que está poniendo el Gobierno. La portavoz de la formación nacionalista en el Congreso, Maribel Vaquero, ha subido la presión al Ejecutivo de Pedro Sánchez al afirmar que “si la operación fracasa, será el Gobierno español quien tenga que explicar a la ciudadanía vasca las razones de este fracaso. Aún se puede desencallar la situación, pero no hay tiempo que perder. Los acuerdos son para cumplirlos, no podemos estar cambiando las propuestas cada cinco minutos”.

Esta es la primera vez que el PNV se sale del discurso optimista sobre el cierre de la compra del 29,7% del capital por parte de Sidenor, el fondo público vasco Finkatuz y las fundaciones bancarias BBK y Vital. También es novedad que el partido que gobierna en Euskadi cargue contra el Ejecutivo central en el marco de una operación en la que han intervenido de la mano para la búsqueda de inversores que garanticen la viabilidad industrial de Talgo y mantenga su arraigo en España. El esperado cierre lleva semanas rodeado de todo tipo de dificultades financieras.

Vaquero ha rematado su discurso afirmando que detrás de la propuesta de Sidenor y el resto de socios vascos “hay mucho trabajo detrás, muchos cálculos y, sobre todo, muchas familias vascas que dependen de que el Gobierno español asuma lo que había prometido”.

La oferta oficializada el pasado 14 de febrero asciende a 153 millones de euros como pago inicial por la mayor parte del paquete en manos de la instrumental Pegaso, en la que tienen depositadas sus acciones el fondo Trilantic y la familia Oriol, fundadora de Talgo. El consorcio vasco puso sobre la mesa 4,15 euros por acción como término fijo, a la que podrían sumarse 0,85 euros por título en función del cumplimiento del plan de negocio en 2027 y 2028. Su intención era cerrar la adquisición del 29,7% en marzo, aunque se dio de plazo hasta el 15 de mayo, que posteriormente tuvo que ampliar hasta el 15 de junio y más allá. La parte compradora está exigiendo la refinanciación de la deuda de unos 400 millones que pesa sobre Talgo antes de poner un pie en la compañía, pero los bancos acreedores son reacios y es ahí donde se espera la acción del Gobierno.

El grupo de financiadores que lideran Santander, Caixabank y BBVA no renuevan sus créditos si la SEPI no fortalece el balance de Talgo y Renfe no suaviza el pago de la sanción de 116 millones que pesa sobre el fabricante por la demora de dos años en la entrega de los 30 trenes de alta velocidad del modelo Avril, encargados por la operadora pública entre 2016 y 2017 (ya hay 27 en la flota de Renfe). Talgo provisionó esa losa en sus cuentas de 2024, lo que la llevó a una pérdida de 108 millones en el ejercicio. Renfe, entretanto, ha ofrecido cinco años de carencia y el pago de la penalización entre 2031 y 2038. De forma adicional, estaba previsto que la SEPI otorgara un crédito convertible de 150 millones equilibrar las finanzas del fabricante de trenes. Posteriormente se propuso que ese préstamo se dividiera a partes iguales entre la SEPI y el consorcio comprador.

Con fábrica en la localidad alavesa de Rivabellosa, además de la que tiene en Las Rozas (Madrid), Talgo es considerada estratégica en Ajuria Enea, y el PNV sostiene que el Gobierno de Imanol Pradales “hizo los deberes” reuniendo en el consorcio a entidades privadas que favorecen la solvencia de la operación, y renegociando el préstamo en favor de Talgo. Pero el partido vasco culpa a la SEPI de dar marcha atrás en su propuesta y exigir un cambio en la estructura de la operación.